quarta-feira, 4 de dezembro de 2013

¿Un tartazo es un atentado? - Rocío Vicente Ruiz

El pasado 27 de octubre de 2011 la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina, recibió tres tartazos en la Unidad de Trabajo de los Pirineos en Tolousse, en la que se iba a tratar el asunto del Tren de Alta Velocidad (TAV) que el gobierno español pretende realizar desde Madrid hasta el País Vasco y que cuenta con el beneplácito de la presidenta navarra.
Durante el acto, cuatro activistas de la asociación AHT Mugutu! que llevan a cabo acciones de desobediencia civil para protestar contra la construcción de este medio de transporte, que destruirá parte de la biodiversidad de las comunidades por las que atraviese, así como se procederá al mismo tiempo a sus respectivas expropiaciones (a cambio de cuatro duros) y cuyo uso no está ligado ni mucho menos a la población con menos recursos, debido a los altos precios que suelen presentar estos tipos de transporte, decidieron llevar este acto de este tipo contra la presidenta navarra como forma de protesta ante el apoyo que está presenta frente a esta situación, que no es ni mucho menos una agresión, ya que no se pretendía lesionar ni dañar a la misma, sino que tan solo era un acto de protesta y visibilidad de la situación que la construcción del TAV va a acarrear en los territorios por donde pasa.
Cuál fue la sorpresa para gran parte de la población española cuando conocimos las penas que se pedían para estos activistas, tanto por parte de la acusación como por parte de la fiscalía, penas de prisión de oscilaban entre los 4 y 9 años. Cabe recordar que en Francia el caso había sido desestimado, ya que estos actos en el país galo no son constitutivos de delito, sino que tan solo constituyen una falta, y por lo tanto la presidenta navarra había denunciado los actos frente a la policía foral de Navarra, y a la Audiencia Nacional, siendo esta última quién finalmente juzgaría los hechos.
Para amplios sectores de la población española estas penas eran desmesuradas e incomprensibles y se llevaron a cabo multitud de actos de protesta contra esta situación que parece resultaba insostenible, ¿cómo se iba a pedir 9 años por tirar una tarta, y la misma presidenta, no había sido ni juzgada aun habiendo reconocido el cobro de comisiones ilegales por parte de la antigua Caja de Ahorros de Navarra?, resulta bochornoso.
Finalmente, el juez Marlasca, magistrado de la Audiencia Nacional que ha sido quién ha llevado el caso, ha resulto, tras la celebración del juicio el pasado 18 de noviembre, condenar a dos años de prisión a tres de los acusados -que fueron quienes propinaron los tartazos- y a un año a otro de los acusados, Mikel Álvarez, que les acompañaba en el acto. Los cuatro acusados recurrirán finalmente la condena frente al Tribunal Supremo.

Esperemos que finalmente resulten absueltos penalmente, ya que esta situación se ha dado ya en otros países, y desde luego, las penas que se les solicitaban y a las que finalmente han sido condenados, son las más desproporcionadas.









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