El pasado 10 de octubre se aprobó en España el anteproyecto de la nueva
Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), llevada a cabo por el actual
ministro de educación José Ignacio Wert, sin el voto a favor de ninguno de los
diputados de la oposición (debo recordar el PP, partido actualmente en el
gobierno español, cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento).
Desde que se diera a conocer el contenido del anteproyecto, éste ha
suscitado críticas desde todos los ámbitos del sector educativo. Tanto alumnos,
como profesores, como padres de alumnos, se han posicionado en contra del
cambio de modelo que se quiere llevar a cabo y en el que no se ha buscado el
consenso, ni tan siquiera el diálogo por parte del Ministerio de Educación.
Algunas de las críticas que se han formulado contra la nueva ley
educativa son: aumento de los beneficios a la educación privada en detrimento
de la pública, cambio del modelo lingüístico en comunidades con lenguas
cooficiales, aumento del número del ratio de alumnos en las aulas, supresión de
la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aumento del número de horas
en la asignatura de Religión, supresión del actual modelo de entrada a las
Universidades Públicas, mayor control por parte del gobierno central en los
contenidos educativos, menor democracia en los colegios escolares, apoyo a la
segregación por sexos en organismos educativos públicos, mayor apoyo a la
competencia y excelencia, en detrimento de la igualdad, etc.
Todos estos argumentos (y algunos más, como los constantes recortes que
se han llevado ya a cabo por parte del Ministerio en la inversión pública
educativa) llevaron durante el curso pasado a multitud de protestas en contra
de dicha ley, que ha culminado, tras la aprobación del anteproyecto en el
Congreso, en una huelga los pasados días 22, 23 y 24 de octubre, cuyo
seguimiento en el día central de la huelga (el día 24), ha sido cifrado por la
Plataforma Estatal de la Escuela Pública en un porcentaje superior al 9% entre
los alumnos, un 91% entre los profesores de las Universidades, un 83% en las
escuelas públicas y de un 35% en las escuelas concertadas, siendo calificada
desde multitudes de sectores tanto educativos, como políticos o en la mayor
parte de los medios de comunicación, como un gran éxito.
Esperemos que todas las movilizaciones y la lucha que se está llevando
a cabo sirva para parar la aprobación de dicha ley y para que se fomente un
debate plural y que dé cabida a todos los sectores educativos en pro de la
obtención de una Ley de Educación Pública consensuada y que cuente con amplio
respaldo de la sociedad.
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